La tarde de este lunes 5 de enero de 2026, los servicios de emergencia del País Vasco confirmaron la identidad de un montañero fallecido tras sufrir una caída mortal en el parque natural de Peñas de Aia (Aiako Harria), en Gipuzkoa. Lo que comenzó como un rescate rutinario de un senderista accidentado se transformó en una noticia de impacto nacional al cotejar las huellas dactilares: el fallecido era Iván Apaolaza Sancho, de 54 años, un histórico miembro de la banda terrorista ETA que cumplía condena por uno de los atentados más simbólicos de la organización.
El accidente ocurrió durante el fin de semana, pero el cuerpo no pudo ser recuperado hasta hoy debido a la difícil orografía del terreno y las condiciones meteorológicas adversas. Apaolaza, natural de Beasain, se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario tras haber accedido recientemente al tercer grado, un régimen de semilibertad que le permitía salir de prisión los fines de semana. La ironía del destino quiso que quien sobrevivió a años de clandestinidad y persecución policial encontrara la muerte en una simple excursión de ocio.
Según los informes preliminares de la Ertzaintza, Apaolaza se precipitó por un desnivel de considerable altura en una zona rocosa del macizo. Iba solo en el momento del accidente, lo que retrasó la alerta de su desaparición. Fueron sus familiares quienes, al no tener noticias de su regreso al centro penitenciario o a su domicilio de arraigo a la hora estipulada, dieron la voz de alarma, activando un dispositivo de búsqueda que terminó con el hallazgo del cadáver.
Iván Apaolaza no era un preso común. Su nombre estaba escrito con sangre en la historia reciente de España por ser integrante del comando 'Buru Hauste', una de las células más letales del 'comando Madrid'. Su historial delictivo incluye la participación directa en el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, perpetrado el 21 de enero de 2000. Aquel atentado no fue uno más: marcó el fin de la tregua de 1998 y el regreso de ETA a la actividad armada con una brutalidad renovada.
La condena que pesaba sobre sus hombros era abrumadora. La Audiencia Nacional lo sentenció a más de 123 años de cárcel por su implicación en aquel coche bomba que segó la vida del militar y dejó herida a la sociedad española. Sin embargo, la legislación penitenciaria y el paso del tiempo le habían permitido progresar de grado, una situación que siempre generó controversia y dolor entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que veían cómo los autores de crímenes de sangre volvían a pisar la calle.
La trayectoria de Apaolaza antes de su captura fue digna de una novela de espías. Tras la desarticulación de su comando en 2001, logró huir de España y mantenerse oculto durante casi una década. Su paradero fue una incógnita para las fuerzas de seguridad hasta que, en junio de 2007, fue localizado al otro lado del Atlántico. Apaolaza había rehecho su vida en Canadá, concretamente en la ciudad de Quebec, bajo una identidad falsa.
Su detención en suelo canadiense fue un hito en la cooperación antiterrorista internacional. Vivía camuflado en la normalidad, lejos del radar de la Guardia Civil, hasta que un operativo conjunto logró ubicarlo. Tras una larga batalla legal para evitar su entrega, Canadá concedió la extradición en 2008, devolviéndolo a España para que respondiera ante la justicia por los crímenes que había dejado atrás en su huida.
Desde su ingreso en prisión, Apaolaza mantuvo un perfil bajo, alineándose con el sector de los presos de ETA que aceptaron la legalidad penitenciaria para obtener beneficios, aunque sin mostrar un arrepentimiento público que convenciera a las víctimas. Su acceso al tercer grado en 2025 fue motivo de crítica política y social, reavivando el debate sobre la reinserción de terroristas con delitos de sangre no esclarecidos o sin colaboración efectiva con la justicia.
La noticia de su muerte ha generado reacciones encontradas en el País Vasco y en el resto de España. Mientras en los círculos de la izquierda abertzale se preparan actos de despedida en su localidad natal, las asociaciones de víctimas como la AVT y COVITE han recordado hoy quién era realmente el hombre que cayó por el barranco: un terrorista que apretó el detonador para matar a un servidor público y romper un proceso de paz.
El levantamiento del cadáver ha sido complejo. La unidad de rescate de montaña de la Ertzaintza tuvo que utilizar un helicóptero para acceder a la zona donde quedó el cuerpo. Los forenses han confirmado que la muerte se produjo por politraumatismos severos incompatibles con la vida, probablemente de forma instantánea tras el impacto contra las rocas. No hay indicios de intervención de terceras personas, cerrando el caso como una muerte accidental.
Para el teniente coronel Pedro Antonio Blanco, la justicia llegó tarde y de forma imperfecta, pero para Iván Apaolaza, el juicio final ha llegado en forma de accidente geográfico. Su muerte extingue su responsabilidad penal, pero no borra la responsabilidad histórica de sus actos. Deja tras de sí un legado de dolor que no se cura con un accidente de montaña.
En las próximas horas, se espera que el cuerpo sea trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián para la autopsia definitiva antes de ser entregado a la familia. El entorno penitenciario de la cárcel de Zaballa, donde estaba adscrito, ha confirmado la baja del interno por fallecimiento, cerrando su expediente administrativo.
Este suceso pone de relieve la realidad de los presos de ETA en la actualidad: hombres envejecidos que, tras décadas de cárcel, intentan reintegrarse en una sociedad que ha cambiado drásticamente desde que ellos decidieron tomar las armas. Apaolaza intentó disfrutar de esa libertad condicional, pero la montaña, imparcial y cruel, le cobró la última deuda.
La muerte de Apaolaza cierra un capítulo específico del terrorismo de los años 2000. El 'comando Madrid' fue desmantelado, sus miembros encarcelados y ahora, uno de sus ejecutores principales, ha fallecido. Es el fin biológico de un hombre que dedicó su juventud a sembrar la muerte y que encontró la suya propia lejos de las armas, víctima de un traspié en la naturaleza.
Queda por ver cómo se gestionará su funeral en Beasain. Las autoridades estarán vigilantes para evitar que la despedida se convierta en un acto de enaltecimiento del terrorismo, una línea roja que la legislación actual prohíbe estrictamente. La muerte no blanquea el pasado, y el pasado de Apaolaza está documentado en sentencias firmes y en la memoria de las víctimas.
Hoy, 5 de enero de 2026, Iván Apaolaza Sancho ha dejado de ser un preso para convertirse en un nombre más en la lista de fallecidos. La justicia humana lo condenó a 123 años; la justicia poética o el azar decidieron que no terminara de cumplirlos entre muros, sino cayendo al vacío, tal como él hizo caer a sus víctimas en el abismo del terror hace veintiséis años.
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