La madrugada del 7 de junio de 2004, la ciudad de Burgos amaneció con una noticia que heló la sangre de sus habitantes. En el número 12 de la calle Jesús María Ordoño, la familia Barrio había sido aniquilada con una violencia que desafiaba cualquier lógica humana. Salvador Barrio, alcalde pedáneo del pueblo de La Parte de Bureba, su esposa Julia Dos Ramos y su hijo menor, Álvaro, de 12 años, yacían muertos en un escenario de pesadilla.
No fue un robo que salió mal. Los asesinos, o el asesino, no se llevaron objetos de valor ni forzaron la cerradura. Entraron con llave o les abrieron, y desataron una tormenta de odio. Los forenses contabilizaron un total de 99 puñaladas repartidas entre los tres cuerpos. La saña fue tal que al padre le cortaron el cuello y al niño lo persiguieron hasta rematarlo, demostrando que el objetivo no era solo matar, sino destruir y borrar a la familia por completo.
El único superviviente de la masacre fue Rodrigo Barrio, el hijo mayor, que entonces tenía 16 años. Esa noche dormía en un internado en Aranda de Duero, a casi 80 kilómetros de distancia. Su ausencia lo salvó de la muerte, pero lo condenó a convertirse en el primer gran sospechoso de la policía. Su actitud fría durante los funerales y las tensiones familiares conocidas lo colocaron en el punto de mira desde el minuto uno.
Durante años, la investigación se centró obsesivamente en Rodrigo. La teoría policial sostenía que el joven se escapó del internado, condujo hasta Burgos, cometió el crimen, se duchó, borró huellas y regresó sin ser visto. En 2007, fue detenido cuando ya era mayor de edad, acusado de parricidio. Sin embargo, la construcción del caso se desmoronó por falta de pruebas físicas: nadie lo vio salir ni entrar, y los tiempos del viaje eran casi imposibles de cumplir.
En 2010, la causa contra Rodrigo se archivó definitivamente, dejándolo libre de cargos pero marcado socialmente. Fue entonces cuando la mirada de los investigadores giró hacia el pueblo, hacia La Parte de Bureba. Allí, los conflictos de tierras y las enemistades vecinales eran el pan de cada día, y un nombre empezó a resonar con fuerza: Ángel Ruiz, conocido como "El Peque" o "Angelito".
Ángel Ruiz no era un vecino cualquiera. Era un hombre temido, con un historial de comportamientos violentos y extraños. El mismo día del entierro de la familia Barrio, aparecieron pintadas insultantes en el panteón familiar ("Cerdo", "Cabrón"). La policía descubrió que el autor de esas profanaciones había sido Ángel, movido por un odio visceral hacia Salvador Barrio, con quien había tenido disputas por lindes y gestión municipal.
Pero la verdadera cara oscura de Ángel Ruiz se reveló años después. En 2014, fue detenido y posteriormente condenado por el asesinato de una vecina, Rosalía, a la que atropelló intencionadamente tras una discusión. Además, se le vinculó con la desaparición de un ciudadano búlgaro. En los registros de su casa se hallaron armas, cuchillos y, lo más inquietante, una copia de las llaves del despacho del Ayuntamiento donde trabajaba Salvador Barrio.
La hipótesis cobró entonces un sentido aterrador: Ángel Ruiz tenía acceso a las llaves, tenía un odio manifiesto hacia la víctima y tenía un perfil psicopático compatible con la brutalidad del crimen. En 2021, la Policía Nacional, en un último intento desesperado, volvió a registrar sus propiedades buscando restos de ADN o el arma homicida, utilizando tecnología que no existía en 2004.
Sin embargo, el tiempo jugó en contra de la verdad. A pesar de los indicios circunstanciales —las pintadas, las llaves, su carácter—, no apareció la prueba reina, ese rastro biológico indubitado que lo situara dentro del piso de Burgos aquella noche. Ángel Ruiz, desde prisión donde cumple condena por el otro crimen, siempre ha negado su participación en la matanza de los Barrio.
Llegó junio de 2024 y con él, una fecha fatídica: el vigésimo aniversario del crimen. Según el Código Penal español, los asesinatos prescriben a los 20 años si no hay un procedimiento activo contra un culpable. Ese día, el Triple Crimen de Burgos prescribió "generalmente". Esto significa que si mañana apareciera un desconocido confesando ser el autor, ya no podría ser juzgado.
No obstante, existe un matiz legal crucial que mantiene una vela encendida en 2026. La prescripción se interrumpe para aquellas personas que han sido investigadas formalmente. Para Ángel Ruiz, al haber sido objeto de pesquisas judiciales hasta fechas recientes (como los registros de 2021), la posibilidad de juzgarlo no caducará hasta bien entrada la década de 2030. Es la única puerta que le queda abierta a la justicia.
Hoy, en enero de 2026, el caso se encuentra en un limbo técnico. No está cerrado, pero está congelado. La policía sabe quién pudo ser, tiene un sospechoso perfecto encarcelado por otra causa, pero carece de la pieza final del puzle para llevarlo a juicio por estas tres muertes. Es la frustración del "casi".
El piso de la calle Jesús María Ordoño sigue siendo un lugar maldito en la memoria de la ciudad. Rodrigo Barrio, el hijo que sobrevivió, ha intentado reconstruir su vida lejos del foco, cargando con el trauma de haber perdido a todos y de haber sido señalado por ello. Sus tíos y familiares maternos nunca han dejado de exigir respuestas, divididos también por las sospechas internas.
La sociedad burgalesa ha aprendido a convivir con la impunidad. El caso se estudia como un ejemplo de cómo una investigación túnel (centrada solo en el hijo al principio) pudo permitir que el verdadero asesino, si fue Ángel u otro, destruyera pruebas y coartadas durante los primeros años críticos.
El crimen de la familia Barrio nos recuerda que la maldad a veces es vecina. Que un conflicto por un trozo de tierra o una gestión municipal puede escalar hasta el exterminio. Y que, a veces, el sistema judicial, con sus garantías y sus plazos, termina protegiendo involuntariamente a quien empuña el cuchillo.
Veintidós años después, tres tumbas en el cementerio de Burgos siguen esperando justicia. Y en una celda, un hombre guarda silencio, sabiendo que cada día que pasa es una victoria contra la verdad. El Triple Crimen de Burgos no es solo una historia de sangre; es la historia de un fracaso colectivo que aún duele.
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