Huelva, 16 de febrero de 1991. Ana María Jerez Cano, una niña de nueve años con toda la inocencia del mundo en su mirada, salió de su casa en el barrio de Las Colonias para dirigirse a la de una amiga cercana. Era un trayecto corto, familiar, de esos que se recorren sin miedo en una ciudad tranquila. Sin embargo, Ana María nunca llegó a su destino. En ese breve espacio de tiempo y distancia, se cruzó con la personificación del mal absoluto: José Franco de la Cruz, conocido en los bajos fondos y en el vecindario como "El Boca".
La desaparición de la pequeña desató una búsqueda frenética que movilizó a toda la ciudad. Huelva contuvo la respiración durante 69 días, un periodo de angustia agónica para sus padres, Adoración Cano y su marido, que no dejaron piedra sin mover. La esperanza se mantuvo viva contra toda lógica hasta el 25 de abril, cuando el peor de los presagios se materializó en un cañaveral cercano al río Tinto. Allí apareció el cuerpo sin vida de Ana María, víctima de una brutalidad que sacudió la conciencia nacional.
La autopsia reveló un horror difícil de digerir. La niña no solo había sido asesinada; había sufrido un calvario de violencia física y sexual extremo. Fue golpeada salvajemente antes de morir, en un acto de sadismo que definía el perfil de su verdugo. La investigación policial, que ya tenía a José Franco en el radar por sus antecedentes y su comportamiento errático, no tardó en cerrar el cerco sobre él. "El Boca", un mecánico de 44 años en aquel momento, fue detenido y procesado.
El juicio fue un clamor social. En 1993, la Audiencia Provincial de Huelva condenó a José Franco de la Cruz a una pena de 44 años de prisión por asesinato y violación. La sentencia parecía ejemplar sobre el papel, una cifra que prometía que este individuo no volvería a pisar la calle en décadas. La familia, rota de dolor, encontró un consuelo amargo en la idea de que la justicia había funcionado y de que la sociedad estaba protegida de aquel depredador.
Sin embargo, el cumplimiento de las penas en España tiene aristas que a menudo chocan con el sentido de justicia de las víctimas. Adoración Cano, la madre de Ana María, se convirtió en una experta legal a la fuerza, advirtiendo durante años que "El Boca" no se estaba rehabilitando, que no mostraba arrepentimiento y que su salida prematura sería un peligro público. Nadie en las instituciones pareció escuchar con la atención debida sus advertencias proféticas.
El sistema penitenciario, aplicando los beneficios y redenciones vigentes en aquel entonces, abrió la puerta de la cárcel a "El Boca" mucho antes de lo esperado. En abril de 2012, tras cumplir solo 21 años de los 44 impuestos —menos de la mitad de la condena—, José Franco de la Cruz quedó en libertad. La noticia cayó como una bomba en Huelva. Adoración Cano gritó su indignación ante las cámaras, sintiendo que habían matado a su hija por segunda vez.
La libertad de "El Boca" duró lo que tarda un depredador en volver a sentir el impulso. Las advertencias de la familia se cumplieron con una precisión aterradora. Apenas tres meses después de salir de prisión, en julio de 2012, José Franco volvió a atacar. Esta vez fue en la localidad de Aljaraque, donde intentó agredir sexualmente a una mujer blandiendo un cuchillo. La víctima logró resistirse y su testimonio fue clave para detenerlo de nuevo.
Este segundo ataque validó la tesis de que existen perfiles criminales para los que la cárcel es un paréntesis, no una cura. En octubre de 2013, la justicia tuvo que volver a sentarlo en el banquillo. Fue condenado a otros 10 años de prisión por agresión sexual en grado de tentativa y robo con violencia. La sociedad respiró aliviada momentáneamente, viendo cómo el sistema corregía su propio error, aunque el precio había sido el terror de una nueva mujer.
Los años pasaron y "El Boca" cumplió esta segunda condena. Según los cálculos penitenciarios, su licenciamiento definitivo de esta última pena se produjo alrededor de 2023. Esto nos sitúa en el escenario actual de 2026 con una realidad inquietante: José Franco de la Cruz, el asesino de Ana María, ha saldado sus cuentas con la justicia penal. Legalmente, es un hombre libre.
A fecha de enero de 2026, el paradero exacto de "El Boca" es una incógnita que se maneja con discreción por las autoridades, aunque la sombra de su presencia sigue generando inquietud. No han trascendido nuevos delitos mediáticos vinculados a su nombre en los últimos dos años, lo que sugiere una vida bajo el radar o un control policial discreto pero férreo sobre sus movimientos, dado su alto riesgo de reincidencia.
Adoración Cano ha pasado más de tres décadas luchando no solo por la memoria de su hija, sino por el endurecimiento de las penas para delitos de sangre y agresiones a menores. Su figura es un referente moral en España, impulsora de debates sobre la prisión permanente revisable, una medida que, de haber existido en 1993, quizás habría evitado que este criminal volviera a la calle.
El legado de Ana María Jerez Cano va más allá de la crónica negra. Su caso destapó las vergüenzas de un Código Penal que en su momento fue excesivamente garantista con los verdugos y cruel con las víctimas. La imagen de la niña de nueve años sigue presente en la memoria colectiva de Huelva, recordada en cada aniversario con flores en el lugar donde fue encontrada.
La reincidencia de "El Boca" se estudia hoy en criminología como el ejemplo de libro de la psicopatía irrecuperable. Demostró empíricamente que el paso del tiempo en prisión no garantiza la reinserción si no hay una voluntad genuina de cambio o un tratamiento efectivo, algo que los informes psicológicos ya advertían pero que la burocracia ignoró.
Para la familia Jerez Cano, el miedo nunca se ha ido del todo. Saber que el hombre que destrozó sus vidas camina bajo el mismo cielo, sin la contención de los muros carcelarios, es una condena perpetua que ellos sí deben cumplir. La justicia tiene límites temporales; el dolor de una madre, no.
Hoy, Ana María tendría 44 años, la misma edad que tenía su asesino cuando le quitó la vida. Esa simetría macabra nos recuerda todo lo que se perdió: una vida entera robada por un monstruo y mal pagada por el Estado.
El caso permanece como una herida abierta, una advertencia de que la seguridad es frágil. Mientras Huelva sigue adelante, en algún lugar, un hombre con un pasado de sangre vive su vejez en libertad, cargando sobre sus hombros la muerte de una niña y la certeza de que burló el verdadero peso de la justicia.
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