La mañana del 10 de enero de 2001, el calor en Buenos Aires era una entidad física, una masa pegajosa que oprimía los vagones del ferrocarril Roca. Para los miles de trabajadores que se desplazaban desde la provincia hacia la capital, el tren no era un lujo, sino una necesidad inevitable, un tubo de metal rodante donde los cuerpos se comprimían hasta perder la individualidad. En medio de ese gentío viajaba Marcelina Meneses, una mujer de 31 años que cargaba sobre su espalda, envuelto en un aguayo tradicional, a su hijo Joshua, de apenas diez meses.
Marcelina había salido de su humilde vivienda en Ezpeleta con un destino claro: el hospital Finocchietto. Joshua necesitaba atención médica, y para una madre migrante, la salud de su hijo es una misión que no admite demoras ni excusas. Ella llevaba consigo bolsas con ropa, quizás para vender o para arreglar, sumando bultos a un espacio que los demás pasajeros no estaban dispuestos a ceder. Su figura, pequeña y cargada, se convirtió en el blanco de una intolerancia latente que estaba a punto de estallar.
Al subir al vagón, el ambiente se tornó hostil casi de inmediato. No había asientos libres, y el pasillo era un campo de batalla de codos y empujones. Al intentar acomodarse con el bebé a cuestas, rozó involuntariamente a un pasajero. Ese contacto mínimo fue la chispa que encendió la mecha del odio. No hubo disculpas aceptadas, solo una catarata de insultos que desnudaron la xenofobia más cruda de quienes la rodeaban.
Las frases hirientes comenzaron a volar, dirigidas no a su acción, sino a su identidad. "Boliviana de mierda", "vuelvan a su país", "qué traen estos cholas". Las palabras, cargadas de desprecio, no provenían de una sola garganta, sino que parecían contagiar a un grupo cercano, validando la agresión verbal como un acto de defensa territorial absurda. Marcelina, sola y rodeada, abrazó a su hijo, intentando hacerse invisible en un lugar donde todos la miraban con asco.
El tren se acercaba a la estación de Avellaneda, disminuyendo levemente la velocidad pero sin detenerse aún. La violencia verbal, al no encontrar resistencia, escaló a la física. Testimonios posteriores relatarían que un grupo de hombres, descritos a veces como hinchas de fútbol o simplemente como violentos locales, comenzaron a empujarla. La masa humana, lejos de protegerla, se convirtió en cómplice o en testigo mudo de la barbarie.
En un instante de confusión y terror, la situación cruzó el límite de lo irreversible. No fue un tropezón. Marcelina fue empujada con fuerza hacia la puerta abierta del vagón en movimiento. La inercia del tren y la brutalidad del empujón la expulsaron del interior, lanzándola hacia el vacío que separa el hierro de las ruedas del andén de cemento. Joshua, atado a su madre, fue arrastrado con ella hacia la oscuridad.
El impacto fue devastador. Madre e hijo cayeron a las vías justo antes de que el tren se detuviera por completo. Los cuerpos fueron golpeados por la maquinaria y el entorno, apagando dos vidas de manera instantánea y violenta. Arriba, en el vagón, el silencio debió ser sepulcral, o quizás el murmullo de la justificación cobarde ya empezaba a tejerse entre los agresores que se dispersaron rápidamente al abrirse las puertas.
La versión oficial inicial intentó, con una frialdad burocrática, culpar a la víctima. La empresa concesionaria del servicio ferroviario sugirió que Marcelina caminaba por las vías, una narrativa que la pintaba como imprudente y que buscaba eximir de responsabilidad a la seguridad del transporte y a los pasajeros. Se habló de un "rozamiento" con el tren, una explicación aséptica para dos cadáveres destrozados.
Sin embargo, la verdad tiene la costumbre de emerger, aunque sea a través de grietas estrechas. Un testigo, Julio Giménez, rompió el pacto de silencio. Él viajaba en ese vagón y vio lo que realmente ocurrió. Relató con detalle los insultos racistas, la vestimenta de los agresores y la dinámica del empujón. Su testimonio fue la única luz en un túnel de encubrimiento, asegurando que a Marcelina la habían matado por ser boliviana.
La valentía de Giménez tuvo un precio alto. Fue amenazado, golpeado y perseguido durante la investigación. El sistema judicial, en lugar de proteger a la pieza clave del caso, pareció operar con una desidia alarmante. Las ruedas de la justicia giraban mucho más lento que las del tren Roca, y con cada día que pasaba, las pruebas se diluían y los rostros de los culpables se borraban en la memoria colectiva.
La autopsia y los peritajes confirmaron que las lesiones eran compatibles con una caída desde el tren en movimiento, desmontando la teoría de que caminaba por las vías. Sin embargo, la fiscalía nunca logró —o nunca pudo— identificar individualmente a los autores materiales del crimen. Se habló de una "patota", de un grupo anónimo, una entidad sin nombre ni apellido a la que no se podía esposar.
El caso de Marcelina y Joshua se convirtió en un símbolo doloroso para la comunidad boliviana y para todos los migrantes en Argentina. Desnudó una realidad incómoda: la discriminación mata. No se trataba de inseguridad ciudadana común, ni de un robo que salió mal; no les quitaron el dinero, les quitaron la existencia por el simple hecho de ser "otros".
Con el paso del tiempo, la causa judicial se encaminó hacia el archivo. La falta de imputados concretos llevó a la prescripción, consagrando la impunidad. Nadie pagó con cárcel por la muerte de una madre joven y su bebé. La empresa de trenes se lavó las manos, y los pasajeros que presenciaron el horror siguieron con sus vidas, guardando un secreto manchado de sangre.
En respuesta a la injusticia, la fecha del 10 de enero fue declarada en la Ciudad de Buenos Aires como el "Día de la Mujer Migrante". Es un recordatorio anual que busca transformar el dolor en memoria y resistencia. Las organizaciones sociales marchan cada año, no solo para recordar a Marcelina, sino para denunciar que las prácticas xenófobas siguen vigentes, a veces sutiles, a veces mortales.
La familia de Marcelina, su esposo y sus otros hijos, quedaron con un vacío que ninguna efeméride puede llenar. Tuvieron que enfrentar no solo el duelo, sino la impotencia de ver cómo el sistema les daba la espalda. La pobreza y la condición de extranjero funcionaron como agravantes para la desatención judicial, confirmando que, para algunos tribunales, hay víctimas de primera y de segunda categoría.
Hoy, el tren Roca sigue haciendo su recorrido diario, llevando y trayendo historias, sueños y frustraciones. Pero en la estación de Avellaneda, el fantasma de Marcelina y Joshua permanece. Nos recuerda que la barbarie no necesita armas sofisticadas; a veces, basta con el silencio cómplice de un vagón lleno de gente que decide mirar hacia otro lado mientras se empuja a alguien al abismo.
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