La primavera en Almonte suele traer consigo el aroma a romero y la anticipación festiva de la Romería del Rocío, pero en abril de 2013, el aire se volvió irrespirable en la Avenida de los Reyes. El día 27 de aquel mes, la normalidad de un sábado cualquiera se quebró para siempre tras los muros del número 3. Mientras el pueblo vivía ajeno, en el interior de un piso familiar se desataba una tormenta de violencia inusitada que dejaría una marca indeleble en la historia criminal de España.
Las víctimas eran Miguel Ángel Domínguez, un padre de 39 años, y su hija María, una niña de apenas ocho años llena de luz y futuro. Ambos se encontraban en la seguridad de su hogar, recién duchados y preparándose para salir a cenar, cuando el horror llamó a su puerta. No hubo robo, no hubo forzamiento de cerraduras; quien entró aquel día iba guiado por una furia personal y devastadora, buscando aniquilar no solo vidas, sino vínculos.
El hallazgo de los cuerpos, días después, recayó sobre el abuelo de la niña, quien se topó con un escenario que desafiaba toda lógica humana. La escena del crimen era dantesca: sangre en las paredes, en el suelo y dos cuerpos inertes que narraban una lucha desigual. Los informes forenses posteriores revelarían una cifra que hiela la sangre: 151 puñaladas en total. La saña empleada indicaba que el asesino no buscaba solo matar, sino destruir, actuando con una carga emocional de odio profundo.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartó rápidamente el móvil del robo. El asesino conocía la casa, sabía quién estaba dentro y actuó con una frialdad mecánica para limpiar la escena después de la matanza. Las miradas se centraron en el círculo íntimo de la familia, en busca de alguien con la pasión suficiente para cometer tal atrocidad y la frialdad necesaria para seguir con su vida.
Un año después del crimen, en junio de 2014, la Guardia Civil detuvo a Francisco Javier Medina. No era un desconocido; era compañero de trabajo de Miguel Ángel y, más importante aún, la pareja sentimental de Marianela Olmedo, madre de la niña y esposa de la víctima, de quien se estaba separando. La hipótesis de los investigadores era clara: un crimen pasional motivado por los celos o el deseo de eliminar los obstáculos de su nueva relación.
La prueba reina sobre la que se sustentaba la acusación era el ADN. Restos biológicos de Medina fueron hallados en tres toallas limpias ubicadas en los baños de la vivienda. Para la Fiscalía y la acusación particular, esto situaba al acusado en la escena del crimen en el momento de los hechos o inmediatamente después. Parecía el cierre perfecto para un caso de manual, pero en los tribunales, la ciencia a veces choca con la interpretación.
La defensa de Medina, sin embargo, planteó una batalla legal feroz basada en la "duda razonable". Argumentaron que el ADN podía haber llegado allí por transferencia indirecta, dado que Medina y Marianela mantenían relaciones íntimas y ella lavaba la ropa de su amante junto con las toallas de la casa. Además, presentaron testigos que ubicaban al acusado en su lugar de trabajo, un supermercado, durante la franja horaria crítica del crimen.
El juicio se celebró en 2017 en la Audiencia Provincial de Huelva, bajo una presión mediática y social asfixiante. En el banquillo no solo se sentaba un hombre, sino la necesidad de un pueblo de encontrar un culpable. Sin embargo, el destino de Medina no estaba en manos de jueces profesionales, sino de un jurado popular: nueve ciudadanos anónimos encargados de valorar pruebas periciales de altísima complejidad.
Durante semanas, el jurado escuchó a forenses, agentes de la UCO y testigos. Se debatieron los tiempos, la coartada del supermercado y la validez de la transferencia de ADN. La acusación insistía en la imposibilidad de una transferencia tan masiva sin contacto directo; la defensa sembraba la incertidumbre sobre la falta de sangre de las víctimas en la ropa del acusado o en su coche.
Finalmente, el 6 de octubre de 2017, llegó el veredicto que paralizó a Huelva. El jurado popular declaró a Francisco Javier Medina "no culpable" de los dos delitos de asesinato. Consideraron que las pruebas no eran concluyentes para destruir la presunción de inocencia y que existían dudas sobre su presencia en la vivienda a la hora de los hechos.
La lectura del veredicto cayó como una losa sobre la familia de las víctimas. Los gritos de dolor y de "asesino" se mezclaron con los abrazos de alivio en el entorno del absuelto. La decisión judicial implicaba una realidad aterradora: si Medina no era el autor, el verdadero asesino de las 151 puñaladas seguía libre, caminando quizás por las mismas calles que los familiares de Miguel Ángel y María.
La batalla judicial no terminó ahí. La acusación recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y posteriormente al Tribunal Supremo. En ambas instancias, la sentencia absolutoria fue ratificada. El sistema judicial español determinó que el veredicto del jurado, estuviera acertado o no en la verdad material, estaba motivado y era racional desde el punto de vista procesal. La absolución se hizo firme y definitiva.
Marianela Olmedo, la madre y esposa, quedó en una posición de devastación absoluta. Pasó de defender la inocencia de su amante al principio, a acusarlo fervientemente después, para finalmente verse sola, sin su hija, sin su marido y sin justicia. Su figura representa el dolor de quien sobrevive para ver cómo el sistema no ofrece respuestas.
Francisco Javier Medina recuperó su libertad y su vida, aunque el estigma social en un pueblo pequeño es una condena que no se borra con sentencias. Siempre ha mantenido su inocencia, defendiendo que fue un cabeza de turco en una investigación que necesitaba resultados rápidos.
Hoy, el doble crimen de Almonte es una herida abierta, un "caso frío" técnicamente resuelto con una absolución, pero vitalmente irresuelto. No hay nadie en prisión por la muerte de un padre y su pequeña. La Guardia Civil ha vuelto a investigar, buscando cabos sueltos que se pasaron por alto, pero el tiempo juega en contra de la verdad.
El caso de Almonte nos deja una reflexión inquietante sobre los límites de la justicia y la falibilidad humana. Nos recuerda que un veredicto de "no culpable" no siempre equivale a saber la verdad, y que a veces, el monstruo logra escapar entre las grietas de la duda razonable, dejando tras de sí un silencio que pesa más que cualquier condena.
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