El barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, es un lugar donde la vida transcurre con la cercanía propia de los vecindarios de toda la vida. Antonio Quesada, de 76 años, y Ana María Artiles, de 74, eran parte de ese paisaje cotidiano. Un matrimonio humilde, conocido por su amabilidad y por una vida de ahorro estricto pensando siempre en el bienestar de sus hijos, especialmente de uno con discapacidad. Sin embargo, el martes 6 de marzo de 2012, esa rutina se rompió para siempre. La pareja salió de casa para hacer una gestión y tomar un café, pero la noche cayó y ellos nunca regresaron.
La desaparición fue desconcertante desde el primer minuto. No había motivos para una huida voluntaria; dejaron la ropa tendida, la comida prevista y sus documentos en casa. Sus hijos, angustiados, iniciaron una búsqueda frenética que se topó con el silencio. La última pista tangible los situaba en una sucursal bancaria, reunidos con un hombre que gozaba de su total confianza: Rogelio S.T., el subdirector de la entidad que gestionaba sus ahorros.
Durante cinco largos años, el caso se mantuvo como una desaparición inquietante. La familia vivió en un limbo emocional, aferrándose a la esperanza de encontrarlos, aunque el instinto les decía que alguien se los había llevado. Las sospechas policiales siempre rondaron el entorno económico, pero sin cuerpos, el crimen perfecto parecía haberse consumado. Gran Canaria se llenó de carteles con sus rostros, que poco a poco se fueron decolorando bajo el sol isleño.
El giro macabro llegó el 20 de agosto de 2017. Un cazador que transitaba por el Barranco de las Vacas, una zona abrupta y de difícil acceso en el sureste de la isla, hizo un hallazgo que le heló la sangre. Entre la maleza y las rocas, descubrió restos óseos humanos. Al levantar una camisa vieja, un cráneo cayó al suelo, revelando la crudeza de un enterramiento clandestino.
La identificación forense confirmó lo que todos temían: eran Antonio y Ana María. Pero los huesos hablaban de algo más que muerte; hablaban de una violencia extrema. Ambos cráneos presentaban fracturas severas, y uno de ellos estaba fragmentado, partido en dos, indicando que fueron ejecutados con brutalidad en aquel paraje desolado o lanzados allí tras ser asesinados.
La aparición de los cuerpos reactivó la investigación policial con una fuerza renovada. Todas las miradas se centraron en Rogelio S.T., aquel empleado de banca "encantador" que visitaba a los ancianos y les llevaba regalos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) destapó una realidad financiera paralela: de las cuentas del matrimonio habían desaparecido 78.000 euros, un capital que Antonio creía tener a buen recaudo.
La investigación reveló un patrón de engaño sofisticado. El sospechoso presuntamente había realizado un traspaso masivo del dinero y, para ocultarlo, ingresaba mensualmente pequeñas cantidades de 400 euros en la cuenta de los ancianos, haciéndoles creer que eran los "intereses" de su inversión. Cuando Antonio y Ana María, quizás sospechando o necesitando el capital, decidieron reclamar la totalidad de sus fondos, firmaron su sentencia de muerte.
La tarde de su desaparición, las cámaras de seguridad captaron al matrimonio caminando detrás de Rogelio. Fue la última vez que se les vio con vida. El sospechoso alegó posteriormente que tuvo una avería en su coche aquel día, una coartada que los investigadores desmontaron al comprobar que realizó un recorrido de más de tres horas inexplicable para un trayecto corto, situándose su teléfono en zonas compatibles con el lugar del hallazgo de los cuerpos.
A pesar de la contundencia de los indicios circunstanciales —el móvil económico, la última visualización, las mentiras en la coartada—, el camino hacia la justicia ha sido tortuoso. El caso sufrió un revés devastador para la familia cuando, en junio de 2023, el juzgado decretó el archivo provisional de la causa por falta de pruebas directas que situaran al exbanquero ejecutando el crimen.
La hija del matrimonio, Loli, se convirtió en la voz de la indignación, denunciando que el presunto asesino vivía libre a pocos minutos de su casa, rehecha su vida y trabajando como pintor, mientras sus padres yacían en el cementerio víctimas de una traición avariciosa. La sensación de impunidad se instaló en el barrio de Guanarteme.
Sin embargo, a finales de 2024, la esperanza renació. La Audiencia Provincial de Las Palmas, tras los recursos de la familia, ordenó la reapertura del caso, apreciando indicios suficientes para continuar la investigación contra Rogelio. Se consideró que la acumulación de pruebas indiciarias tenía el peso necesario para no dar carpetazo al doble crimen.
El expersonaje bancario tuvo que volver a comparecer en sede judicial en diciembre de 2024. Las cámaras de televisión captaron a un hombre envejecido, lejos de la imagen pulcra del ejecutivo de antaño, que se negó a responder a las preguntas de los reporteros sobre el paradero del dinero o los motivos de su viaje al barranco.
Expertos forenses y criminólogos han aportado nuevos análisis que sugieren la participación de terceras personas. La dificultad del terreno y el peso de los cuerpos hacen improbable que un solo hombre de la complexión de Rogelio pudiera trasladar y ocultar dos cadáveres sin ayuda, abriendo la puerta a la existencia de cómplices aún no identificados.
El caso de Antonio y Ana María es el paradigma de la vulnerabilidad de nuestros mayores ante depredadores de guante blanco. No fueron asaltados en un callejón oscuro por desconocidos; fueron traicionados por quien entraba en su casa, bebía su café y les prometía seguridad financiera. La codicia, en su forma más pura, valió más que dos vidas.
Hoy, en 2026, la instrucción sigue viva, peleando contra el olvido y las argucias legales. La familia Quesada-Artiles no pide venganza, sino una sentencia que ponga nombre y apellidos a la mano que destrozó sus vidas. Mientras Rogelio sigue en libertad, pintando paredes, los hijos de las víctimas esperan que la justicia termine de dar las pinceladas finales al retrato de un asesino.
El barranco devolvió los cuerpos, pero la verdad completa sigue secuestrada. La sociedad canaria observa atenta, exigiendo que este crimen, nacido de la avaricia y ejecutado con alevosía, no se convierta en otro expediente frío archivado en los sótanos de los juzgados. Antonio y Ana María merecen descansar en paz, y eso solo ocurrirá cuando su verdugo pierda la libertad que les robó a ellos.
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