"No hay recurso." Esa frase no cura, pero detiene algo: el bucle. En La Rioja, el Tribunal Supremo ha puesto el cierre definitivo a un caso que llevaba demasiado tiempo respirando en los márgenes de un pueblo pequeño.
Guillermo Castillo tenía 78 años. Era hostelero, de esos nombres que se asocian a la vida diaria: una puerta que se abre, una luz encendida temprano, conversaciones que se repiten y, aun así, sostienen el mundo.
Cuzcurrita del Río Tirón no es un lugar que uno imagine ligado al horror. Precisamente por eso duele más: porque cuando la violencia llega a un sitio así, no parece un "suceso", parece una ruptura en la idea de seguridad.
El crimen ocurrió en mayo de 2023, y desde entonces la historia avanzó por el camino lento de la justicia: investigación, juicio, recursos, espera. Años en los que la ausencia se aprende a cargar como se carga un peso fijo.
Ahora, el Supremo ha confirmado la condena total: 27 años para cada uno de los dos condenados. Una cifra que no cuenta el dolor, pero sí marca una frontera legal que ya no se mueve.
La sentencia mantiene que aquello no fue solo matar. También fue ensañamiento. También fue alevosía. Y además, hubo robo con violencia en casa habitada. Palabras frías, de código, para describir una noche que dejó el aire de un pueblo con otra textura.
En instancias anteriores ya se había llegado a la misma conclusión, tras un juicio con jurado. Ese detalle importa porque habla de una verdad construida en sala, a la vista de pruebas, testimonios y reconstrucciones.
Hay casos en los que el rastro es una sombra, y otros en los que el rastro se vuelve casi físico. Aquí, uno de los ejes que sostuvieron la convicción fue el camino que dejó la propia escena: huellas, trayectos, señales.
Como si la casa y sus alrededores hubieran guardado memoria. Como si el suelo hubiera dicho lo que la garganta no quería decir. En crímenes así, la realidad se filtra por los bordes, aunque alguien intente cerrarlos.
También pesó la mirada del tiempo moderno: ese que deja marcas digitales, antenas, ubicaciones, rastros que no tienen cara pero sí dirección. El mundo cambia, y la violencia ya no ocurre en un vacío.
A la familia, el cierre judicial no le devuelve el gesto cotidiano de Guillermo: su rutina, su voz, su lugar. Pero le da una cosa que la incertidumbre niega: el final del "y si".
La sentencia mantiene también la indemnización: 155.000 euros para cada uno de los dos hijos. Dinero que no compra consuelo, pero reconoce que el daño existe y que no es una exageración emocional: es una fractura real.
En pueblos pequeños, el duelo no se vive solo en una casa. Se vive en las calles, en los negocios, en la manera en que la gente mira una puerta cerrada. El nombre de Guillermo se quedó pegado al lugar donde no debía quedarse.
Durante un tiempo, la justicia fue un pasillo largo. Hoy, ese pasillo termina en una pared firme. No porque la pared sea "satisfacción", sino porque es certeza.
La violencia deja una lección amarga: el peligro no siempre llega con estruendo. A veces entra como entra cualquiera, y por eso la historia se convierte en advertencia.
Y aun así, lo más importante es no reducir a Guillermo Castillo a una sentencia o a un número. Fue una vida real. Y contarla con humanidad, sin convertirla en espectáculo, es una manera de impedir que el caso se convierta solo en archivo.
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