La madrugada del 7 de noviembre de 1998, los Jardines de Murillo eran lo de siempre: grupos de jóvenes, música baja, botellas pasando de mano en mano y la sensación de que la noche todavía podía estirarse un poco más en Sevilla. Esa normalidad se rompió en segundos, cuando una discusión mínima se volvió irreversible.
Alejandro Méndez tenía 24 años. Al otro lado estaba Isaac V. S. un menor de 17. No se trataba de una relación larga ni de una historia anunciada; era un choque entre pandillas, un cruce de miradas y orgullo, un momento en el que nadie imaginó que una navaja acabaría dictando el final.
El detalle que quedó clavado en el relato fue banal: la pelea empezó por unos refrescos. En las noches de botellón, lo pequeño puede ser chispa, pero casi nunca debería ser sentencia. Aquella vez lo fue.
En medio del alboroto, Alejandro recibió una puñalada en el pecho. No fue una herida más dentro de una pelea: fue la herida que apaga el aire y convierte el suelo en urgencia. La escena se congeló alrededor del cuerpo, mientras los gritos se mezclaban con el pánico.
Los presentes hablaron de carreras, de gente que se apartaba sin entender, de manos temblorosas buscando ayuda. Sevilla, que a esa hora suele ser un rumor de madrugada, se volvió sirena. Y el parque, que siempre parecía amplio, empezó a sentirse estrecho.
La investigación y el juicio posterior giraron alrededor de un punto concreto: qué arma produjo la lesión mortal. En el proceso se enfrentaron informes periciales y explicaciones técnicas, pero el tribunal se apoyó en una idea sencilla: la coherencia entre lo visto y lo que describieron los forenses.
En la sentencia se dio peso a los testimonios de jóvenes que situaron el golpe en el pecho y a otro que aseguró haber visto sangre en la navaja del acusado. También se consideró que, pese a la multitud, no apareció con fuerza la presencia de una tercera arma en ese instante.
El caso se convirtió en un espejo incómodo de la violencia juvenil. Porque no era un callejón oscuro ni una casa aislada: era un lugar público, una quedada común, una madrugada que podía haber terminado en risas y resaca. En cambio, terminó en un nombre que ya no volvería.
Años después, en octubre de 2001, llegó la condena: ocho años de internamiento en un centro cerrado y cinco años de libertad vigilada, la pena máxima prevista para un menor en ese marco. La cifra pesa por lo que significa: un castigo completo para alguien que todavía no era adulto.
Para la familia, el tiempo no funcionó como alivio. Se habló de perdón, de renuncia a indemnizaciones, de la necesidad de cerrar una herida que no se cierra con papeles. Pero hay frases que quedan flotando más que cualquier sentencia: la falta de arrepentimiento, el gesto que nunca llega.
El lugar también guardó memoria. Junto a un árbol, donde cayó la víctima, fueron apareciendo velas y flores con los años, como si la ciudad quisiera señalar un punto exacto en el mapa para decir: aquí pasó algo que no debería repetirse.
En Sevilla, aquel episodio quedó marcado con un nombre que lo hizo aún más inquietante: ‘el crimen de la movida’. Un rótulo que suena ligero, casi juvenil, y que por eso mismo golpea más cuando se entiende lo que encierra.
Este caso deja una pregunta que no es jurídica, sino humana: ¿cuántas noches se sostienen sobre equilibrios frágiles? Basta un objeto en un bolsillo, una escalada de orgullo y un segundo de decisión para convertir una reunión cualquiera en un duelo que dura décadas.
En los Jardines de Murillo, la vida volvió a su rutina: paseos, turistas, estudiantes, bancos ocupados al atardecer. Pero hay rutinas que, por debajo, llevan cicatriz. La ciudad siguió andando, sí, aunque ese 7 de noviembre quedó como un recordatorio de lo fácil que es perderlo todo por nada.
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