Murcia, pedanía de San José de la Vega. Durante mucho tiempo, la casa pareció una más, pero por dentro funcionaba con otra lógica: vigilancia, miedo y puertas que se cerraban por costumbre.
La víctima, una mujer de 38 años y nacionalidad marroquí, había llegado desde Barcelona para convivir con su pareja. su relato, los malos tratos comenzaron desde el primer día.
Con el paso de los meses, esa convivencia se convirtió en encierro. Se informó de que estuvo retenida durante casi dos años en una vivienda, sometida a agresiones físicas y sexuales de forma continuada.
El control era también cotidiano: se indicó que el agresor le retiró el teléfono móvil y que apenas abandonaba la casa, manteniéndola siempre vigilada.
En la historia aparece un ‘recadero’, una persona de confianza que hacía compras y gestiones para que el principal investigado no necesitara salir. Así, la víctima quedaba encerrada sin testigos útiles.
lo publicado, otras personas acudían con frecuencia al domicilio y habrían sido conocedoras de las agresiones. En la violencia sostenida, el silencio de alrededor también pesa.
El quiebre llegó el 10 de febrero de 2026, tras una paliza. Esa noche, se dijo, el agresor no tomó una de sus precauciones habituales.
En otras ocasiones, presuntamente la dejaba maniatada y encerrada en el baño para dormir. Pero esa vez, el baño no fue jaula definitiva: fue el lugar desde donde la idea de huir se volvió posible.
La mujer logró usar una escalera para saltar la valla del domicilio. No hubo coche esperándola; hubo pasos rápidos, una calle fría y la urgencia de no mirar atrás.
Caminó varios kilómetros hasta la casa de un conocido. Allí, por primera vez en mucho tiempo, pudo pedir ayuda sin una sombra encima.
Fue trasladada a un centro de salud y se indicó que fueron los sanitarios quienes avisaron a la Policía Nacional. En casos así, el primer refugio a veces es una camilla y una luz blanca.
El 13 de febrero de 2026, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Murcia decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el principal investigado, citando gravedad de los hechos y riesgos como fuga, reiteración y destrucción de pruebas.
A otras personas investigadas se les impusieron medidas como órdenes de alejamiento. Y la víctima pasó a ser atendida en un recurso de protección para mujeres.
San José de la Vega no se mide solo por mapas. Desde febrero de 2026, para quienes conocen el caso, también se mide por una escalera apoyada en una valla y por el instante en que una puerta dejó de ser final y se convirtió en salida.
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