Era la noche del 30 de octubre de 1992 en Alicante. Unas horas antes, Gloria Martínez Ruiz, 17 años, había ingresado en la clínica privada Torres de San Luis —en l’Alfàs del Pi— para un breve tratamiento de reposo por insomnio y ansiedad. Sus padres habían confiado en que, entre médicos y vigilancia, estaría a salvo. Nunca imaginaron que esa puerta sería el principio del vacío.
Gloria había entrado la mañana del 29 de octubre. El complejo —bungalós, jardines, aislamiento en el campo— apenas tenía pacientes; aquella noche, ella era la única. Según consta en sumarios y crónicas posteriores, sufrió una crisis nerviosa y fue sometida a sedación; varias enfermeras declararon que llegaron a atarla a la cama “para evitar autolesiones”. Nada de aquello debería haber sucedido sin un protocolo férreo… y sin embargo sucedió.
Horas después llegó la escena imposible: Gloria desapareció. ¿Cómo? Aquí empiezan las grietas. Versiones internas hablaron de una huida por una ventana; otras fuentes, de una salida por la puerta principal. En cualquier caso, descalza, en pijama, sin abrigo ni dinero, de madrugada y con frío. Lo que debía ser un centro “seguro” ofrecía respuestas que no cuadraban con la realidad de una menor sedada y atada unas horas antes.
La búsqueda fue masiva: montes, barrancos y carreteras de la Marina Baixa, controles en carreteras, rastreos con perros. No hubo rastro. Con el paso de los días, el caso se convirtió en un susurro persistente en la provincia de Alicante: la chica que se esfumó desde una clínica. La pregunta que se hacía la calle —“¿cómo sale una menor sedada sin que nadie la vea?”— nunca obtuvo respuesta convincente.
Llegaron los tribunales… por la vía civil. La Audiencia Provincial de Alicante condenó en 2008 a la psiquiatra que ordenó el ingreso, María Victoria Soler Lapuente, y a la sociedad propietaria del centro, a indemnizar primero con 60.000 € y después con 104.000 € a la familia, al considerar el daño moral causado por una desaparición bajo custodia en un lugar sin licencia de hospital psiquiátrico. Nadie fue condenado penalmente; la responsabilidad quedó escrita en forma de negligencia.
Hubo incluso una reapertura en 1999: una carta anónima habló de que sacaron a Gloria de una vivienda ligada a personal de la clínica, en el pueblo de Tibi. La Fiscalía movió piezas; el sumario penal, sin embargo, acabaría archivado años después sin autor ni escenario cierto. El tiempo se convirtió en un cómplice involuntario.
El caso no se apagó: programas como Equipo de Investigación y À Punt (L’hora fosca) recuperaron documentos, testimonios y fallos de custodia, y recordaron que para la Guardia Civil la desaparición sigue abierta. Tres décadas después, la hemeroteca aún subraya las mismas dudas de fondo: dónde, cómo y quién.
Las hipótesis continúan chocando. La “fuga” en pijama frente al escenario alternativo: una mala praxis (exceso o combinación de neurolépticos como haloperidol, clorpromazina o levomepromazina) seguida de encubrimiento. La justicia civil habló de pérdida bajo custodia y centro sin licencia; lo penal nunca pudo probar un delito. Dos relatos irreconciliables conviven desde 1992.
Mientras tanto, la familia convirtió la ausencia en batalla cívica: cartas, recursos, aniversarios en silencio y un mensaje que se repite cada año en Alicante: “Gloria, te seguimos buscando”. Su nombre acabó siendo símbolo de las desapariciones no resueltas y de lo que ocurre cuando los primeros días —cámaras, teléfonos, inventarios, protocolos— fallan.
Y quedan las preguntas que no se archivan: ¿saltó alguien una ventana… o la sacaron? ¿Quién responde por una menor que se “pierde” en una clínica sin licencia y bajo sedación? ¿Cuánto pesa el tiempo cuando la verdad se escribió entre versiones? Porque a veces lo más aterrador no es encontrar un cuerpo… sino vivir 30 años con una puerta que se cerró y nunca volvió a abrirse.
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