Era la mañana del 18 de agosto de 2010 en Pontevedra. Sonia Iglesias, 38 años, salió de su casa para hacer unos recados antes de entrar a su turno. La vieron por última vez en el centro urbano, y desde entonces su nombre quedó atrapado en un expediente que, quince años después, aún no ofrece un cierre.
Las cámaras y testimonios fijaron su último movimiento conocido: salió de una zapatería en la calle Arzobispo Malvar sobre las 10:15. Aquel día debía pasar por la tienda Massimo Dutti de Benito Corbal, donde trabajaba desde hacía años. Nunca llegó. La rutina, de pronto, se convirtió en vacío.
La alarma familiar fue inmediata; la ciudad se volcó en búsquedas y carteles. Mientras tanto, los investigadores peinaban su entorno personal y temporal. En 2012, y de nuevo en 2018, la causa se reactivó con un foco nítido: Julio Araújo, su pareja entonces, volvió a ser investigado; él se acogió al derecho a no declarar. La instrucción no logró convertir sospechas en prueba.
Las líneas de trabajo llevaron a escenarios tan próximos como inquietantes: la casa familiar de los Araújo y el panteón de San Mauro. Registros, test excavatorios, y más tarde una búsqueda en un pozo en Marcón (enero de 2020). Resultado: negativo. La ciencia revisó cada rincón; la certeza siguió sin aparecer.
En septiembre de 2020 la investigación perdió a su principal señalado: Julio Araújo falleció por cáncer de pulmón. Sin imputado vivo, muchas diligencias quedaron sin recorrido penal eficaz. Para la familia, se cerraba una puerta… sin abrirse la de la verdad.
A petición del hijo de Sonia, el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Pontevedra tramitó la declaración de fallecimiento: la fecha legal quedó fijada en el 1 de enero de 2021. No fue un hallazgo; fue un trámite civil para ordenar una vida que la incertidumbre había congelado. La investigación penal, en cambio, no acreditó dónde está ni qué ocurrió exactamente.
Con el paso de los años, los medios recordaron una y otra vez que se trataba de una “muerte sin cuerpo”; un sumario con archivos provisionales y retornos periódicos a los mismos escenarios: el domicilio, la finca de San Mauro, el entorno del cementerio. La frustración policial quedó escrita: demasiadas incógnitas, pocos hechos irrefutables.
A día de hoy, la cronología pública sostiene lo esencial: Sonia desapareció en pleno centro; hubo registros y búsquedas sin éxito; el principal sospechoso falleció; y la justicia civil certificó la muerte en 2021. Lo que falta —el dónde y el cómo— sigue encallado entre indicios y silencios.
Este caso deja lecciones ásperas: la importancia de asegurar los primeros días (rutas, teléfonos, cámaras), de coordinar búsquedas forenses con decisiones judiciales ágiles, y de proteger a las familias ante procesos que se alargan durante décadas. La prevención es técnica; la reparación, imposible sin verdad.
Y queda el golpe que no cesa: Sonia Iglesias salió una mañana de verano y no volvió. ¿Se pudo hacer más al principio? ¿Se perdió tiempo valioso en hipótesis que no cuajaron? ¿Quién guarda aún una pieza que permita, por fin, encontrarla? Porque lo más aterrador no es desaparecer de noche: es evaporarte a plena luz, en tu propia ciudad, y que la respuesta tarde más que la vida.
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