La Moraleja, Madrid, 12 de abril de 1993. Mañana limpia, urbanización vigilada, rutina sin sobresaltos. Anabel Segura, 22 años, sale a correr con camiseta blanca, pantalón corto y auriculares. No llega lejos. La normalidad, esa que parece blindarlo todo, se quiebra en cuestión de segundos.
Un vehículo oscuro se detiene a su lado. Dos hombres bajan, la empujan, la reducen, la meten en el coche. Es pleno día, en una de las zonas más exclusivas de España, y sin embargo no hay un testigo útil, no hay un grito que triunfe sobre el asfalto. A partir de ese instante, empieza el secuestro que cambiará para siempre la percepción de seguridad de Madrid.
Horas después, los captores llaman a la familia. Exigen 150 millones de pesetas por su liberación. El país contiene el aliento, la Guardia Civil activa sus protocolos, los teléfonos hierven… pero hay una verdad que los asesinos ocultan: Anabel ya está muerta. El chantaje se sostiene sobre un cadáver.
La versión que años más tarde reconocerán es brutal en su sencillez: durante el traslado, Anabel forcejea, intenta escapar, grita. Temen ser descubiertos. Emilio Muñoz la estrangula dentro del coche. El cuerpo es enterrado a toda prisa en una zona boscosa de El Molar. A la familia la condenan a otro tipo de tortura: llamadas, pistas falsas, cartas sin regreso. La prensa bautiza el expediente con un nombre pegajoso y cruel: el secuestro imposible.
La investigación navega entre la presión mediática y el sigilo. Se rastrean vehículos sospechosos, se cruzan antenas, se apuntala una estrategia de paciencia. La urbanización aporta poco: cámaras escasas, vigilantes sin detalles concluyentes, una coreografía de entradas y salidas donde cualquiera parece encajar durante un instante… y desaparecer luego sin dejar sombra.
En 1995 surge la grieta que lo cambia todo. Un confidente señala a dos hombres del entorno norte de Madrid. Detienen a Emilio Muñoz y a Cándido Ortiz. El primero confiesa, conduce a los agentes hasta el paraje de El Molar y señala el punto exacto. Allí aparece el cuerpo de Anabel, en avanzado estado de descomposición, tal como lo abandonaron dos años antes. La mentira del rescate se derrumba con la misma fuerza con la que se abre la fosa.
El juicio es tan mediático como contundente. La instrucción reconstruye las últimas horas de Anabel, el plan torpe del secuestro, la violencia súbita del asesinato y el intento de monetizar la muerte. Emilio Muñoz recibe 43 años de prisión; Cándido Ortiz, 26 años. No hay arrepentimiento diáfano ni explicación que alivie. Queda, en cambio, una enseñanza operativa: se revisan protocolos de secuestros, se afinan las intervenciones y se eleva la alerta en entornos residenciales de alto perfil.
El tiempo jurídico hace su trabajo implacable. En 2021, tras agotar el máximo de cumplimiento efectivo, Emilio Muñoz sale en libertad, noticia que sacude de nuevo a la opinión pública y reabre la herida. Ortiz cumple su pena en un segundo plano mediático. La pregunta que late no es jurídica, sino ética: ¿cómo administra una sociedad el regreso del culpable cuando la víctima no puede volver?
La memoria de Anabel, sin embargo, no queda a merced del calendario. Su nombre bautiza un centro cultural y un parque en Alcobendas, y su historia se estudia en criminología como caso bisagra: secuestro diurno en zona vigilada, asesinato inmediato, explotación del duelo, investigación de largo aliento y cierre judicial ejemplarizante. En La Moraleja, el punto donde fue vista por última vez sigue siendo un hito de flores nuevas y silencios viejos.
Más allá del sumario, el caso Anabel Segura recuerda que la vulnerabilidad no respeta códigos postales. Que el mal puede circular en un coche cualquiera, a plena luz del día, en calles con barreras y garitas, y que la primera línea de defensa es una comunidad alerta y unos protocolos que no lleguen tarde.
¿Cómo protege uno una rutina tan simple como salir a correr? ¿Cuántas veces la apariencia de seguridad nos anestesia justo cuando más deberíamos mirar? Anabel tenía 22 años, música en los oídos y futuro por delante. Aquel lunes de 1993, el país entendió que incluso los lugares “imposibles” también tienen grietas. Y que la memoria es, a veces, la única forma de justicia que no prescribe.
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