El 3 de agosto, operarios del vertedero municipal hallaron bolsas con restos humanos; en paralelo, Sancho denunció la desaparición de Arrieta en comisaría. La identificación forense de los restos y la incoherencia del relato del español activaron su detención en cuestión de horas. El caso dejó pronto de ser una “búsqueda” para convertirse en homicidio con ocultamiento.
La coartada del “accidente en una pelea” se vino abajo con tickets y cámaras: el 1 de agosto, Sancho compró cuchillos, bolsas de basura y productos de limpieza en un supermercado de la isla. La policía documentó además alquiler de kayak/embarcación y desplazamientos compatibles con la dispersión de restos por mar y basura. La secuencia resultaba incompatible con un arrebato.
Según la reconstrucción policial, tras la muerte de Arrieta en la villa, Sancho desmembró el cuerpo, limpió la escena y repartió bolsas en distintos puntos de Koh Phangan. Esa logística —compras previas, limpieza meticulosa, traslado— cimentó la acusación por asesinato premeditado y delitos conexos.
El proceso pasó luego al Tribunal Provincial de Koh Samui. La Fiscalía sostuvo premeditación y pidió la pena de muerte; la defensa admitió el ocultamiento del cadáver pero insistió en una muerte accidental durante un forcejeo. Más allá del ruido mediático, los jueces se centraron en la prueba material y la trazabilidad forense.
El 29 de agosto de 2024, el tribunal declaró a Daniel Sancho culpable de asesinato premeditado y otros cargos (incluida la sustracción del pasaporte de la víctima), imponiendo cadena perpetua y una indemnización a la familia Arrieta. La sentencia dejó constancia de que la pena capital contemplada por ley se conmutó por prisión de por vida por su cooperación parcial.
Tras el fallo, el español fue trasladado al complejo penitenciario de Surat Thani. En 2025, ya dos años preso, el propio Sancho describió sus condiciones de reclusión y su expectativa por el recurso, mientras el equipo de la familia Arrieta reclamó agravar la pena e incrementar la reparación económica.
La apelación siguió su curso en 2025: la defensa presentó un recurso de 400–500 páginas pidiendo repetir el juicio y la reasignación del tribunal revisor por dudas de imparcialidad. Mientras tanto, medios internacionales y españoles confirmaron que el condenado permanece a la espera de resolución, sin cambios en la cadena perpetua.
En el centro de todo está Edwin Arrieta: médico y emprendedor sanitario, con proyectos en su ciudad natal. Su familia pidió evitar el sensacionalismo y mantener el foco en la víctima. La autopsia y la cronología de compras y desplazamientos impusieron una lectura judicial clara: no hubo accidente, sino método.
A dos años del crimen, el “caso Daniel Sancho” sigue ofreciendo lecciones incómodas: cómo la planificación, el borrado de huellas y el espectáculo mediático pueden distorsionar la percepción pública, pero no la verdad probatoria. La justicia tailandesa fijó los hechos; lo que queda es memoria y respeto por Edwin Arrieta.
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