El 4 de agosto de 2018, a primera hora, Arantxa Gutiérrez López (31) salió a trotar por un sendero de arena en Tortuguero (Caribe costarricense), a metros del Laguna Lodge, donde pasaba unos días de vacaciones con su pareja y amigos. No regresó. Minutos después, su pareja halló el cuerpo en una zona de vegetación baja: el paraíso amanecía con sirenas. La autopsia fijó el horror que vendría: asfixia y agresión sexual.
La reacción fue inmediata. El OIJ y la Fiscalía aseguraron la escena y recolectaron indicios biológicos; en paralelo, los investigadores revisaron accesos al hotel y movimientos de personal y terceros que merodeaban la zona de playa y canales. En cuestión de días, los análisis forenses que suelen tardar semanas confirmaron un hallazgo clave: saliva del sospechoso en el torso de la víctima. Ese resultado acotó el cerco.
El detenido fue Alvin (Albin) Stanford Díaz Hawkings, un trabajador de la zona, de nacionalidad nicaragüense. Tres días después del crimen, la policía lo arrestó en Limón tras seguir sus desplazamientos y levantar testimonios del vecindario turístico. La cronología oficial lo situó en el área de los senderos a la hora del ataque, y su condición migratoria irregular quedó anotada en el expediente, pero el punto decisivo seguía siendo el ADN.
Durante el juicio en el Tribunal Penal de Pococí, Díaz Hawkings se declaró inocente y ofreció una coartada insólita: afirmó que dos sujetos armados lo obligaron a escupir sobre el cuerpo de Arantxa para incriminarlo. La versión intentaba explicar la saliva encontrada, pero no superó la prueba de consistencia ni la correlación con otros rastros (arañazos, rastreo de huellas y horarios).
El 10 de agosto de 2020, tras audiencias con peritos y testigos, el Tribunal Penal de Pococí declaró culpable a Díaz Hawkings y le impuso 25 años de prisión por homicidio calificado en concurso ideal con tentativa de violación. La sentencia detalló el concurso jurídico y fijó además una indemnización para los padres de la víctima. La Fiscalía Adjunta de Pococí había pedido 51 años; los jueces aplicaron media centena de artículos para cerrar el fallo.
Medios locales y regionales reseñaron el veredicto y precisaron el núcleo probatorio: asfixia como causa de muerte, ataque sexual, cadena de custodia de indicios y negativa judicial a la tesis del “accidente” o de la coacción por terceros. La conclusión común: no hubo fatalidad, hubo un ataque sexual y homicida a metros del hotel.
En el flanco civil, la familia de Arantxa impulsó una acción contra el hotel y la agencia de viajes por supuesta responsabilidad resarcitoria. Tras idas y vueltas, en marzo de 2023 un tribunal confirmó la absolución: no se acreditó relación causal entre la prestación turística y el crimen cometido por un tercero. La familia había reclamado ¢694 millones; los jueces cerraron esa vía.
El caso dejó huellas en dos orillas. En España, la muerte de una turista joven y el eco del verano latinoamericano abrieron portadas y debates sobre seguridad en destinos de naturaleza; en Costa Rica, el expediente se volvió ejemplo de cómo la forensia acelerada del OIJ puede abreviar incertidumbres cuando el territorio es difícil y la escena, frágil. La coordinación internacional con España también quedó documentada.
A la distancia, la cronología es precisa y contundente: salida a correr, hallazgo del cuerpo, ADN positivo, coartada descartada, condena firme. En lo humano, la síntesis duele: Arantxa llegó el 1 de agosto a un sitio que imaginó hospitalario; tres días después, su nombre se convirtió en memoria compartida entre canales de marea y un sendero de arena.
No fue un “crimen perfecto”, fue un crimen cercano: tan cerca del hotel que el rumor del desayuno se mezcló con el de las cintas amarillas. La justicia llegó —con tropiezos inevitables y pruebas biológicas—, pero llegó. Lo único que no vuelve es el tiempo. En Tortuguero, la selva guarda menos secretos desde que una huella microscópica habló por ella.
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