El destino habló 16 años después. A finales de 2019, dos senderistas hallaron un fémur y parte de un cráneo en un paraje rural entre Navarredondilla y Navalacruz (Ávila). El laboratorio de la Guardia Civil cotejó ADN y la coincidencia con Juana Canal se conoció a inicios de 2020; sin embargo, la familia no fue notificada hasta 2022, cuando el caso se reactivó formalmente. La “casualidad” de aquel paseo reabrió una investigación que parecía sepultada.
En octubre de 2022, un operativo conjunto regresó al paraje y localizó nuevos restos óseos en el entorno donde se halló el primer fémur y cráneo. El círculo geográfico apuntaba a un detalle clave: la finca familiar del entorno de Jesús Pradales estaba a escasos kilómetros. La Policía Científica, a su vez, inspeccionó el piso de Ciudad Lineal donde Juana y Jesús vivieron, aunque sin pruebas definitivas en la vivienda.
El 26 de octubre de 2022, la Policía detuvo a la expareja de Juana. Días después, ante la jueza, Jesús Pradales confesó que la mató en 2003 y que descuartizó el cuerpo para enterrarlo en el campo, si bien intentó presentarlo como un “accidente” en el contexto de una discusión. Su relato incluía el traslado de restos a una zona que conocía y frecuentaba. Fue enviado a prisión provisional sin fianza.
La reconstrucción de Fiscalía y Guardia Civil describió una muerte violenta, seguida de fragmentación y ocultación del cadáver en dos puntos del paraje, muy próximos al ámbito familiar del acusado. La localización de restos en 2019 y 2022 —y su relación espacial con la finca— derribó para los investigadores la coartada de una desaparición espontánea.
El 16 de septiembre de 2024 arrancó el juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Madrid. La acusación sostuvo homicidio doloso con agravante de parentesco y ocultación del cadáver; la defensa pidió atenuantes y llegó a calificar los hechos de “accidente desgraciado” para buscar la prescripción. La vista dejó claro el nudo probatorio: restos de la víctima identificados por ADN, confesión parcial y un encubrimiento prolongado.
El 7 de octubre de 2024, la Audiencia condenó a Jesús Pradales a 14 años de prisión por homicidio intencional y a indemnizar con 118.000 € al hijo de Juana y 22.000 € a cada hermano. El jurado rechazó que fuera un accidente y no apreció atenuantes de confesión: el reconocimiento llegó tarde y solo para el ocultamiento del cuerpo. La sentencia subrayó que “fue el acusado y no otra persona quien voluntariamente mató a Juana Canal y ocultó el cadáver”.
La defensa recurrió, pero el 27 de marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó íntegramente la condena a 14 años: no hubo vulneración de garantías, ni error en la valoración de la prueba, ni razón para reducir la pena. Dos décadas después de la desaparición, la justicia fijó una verdad judicial y una reparación económica.
Más allá del fallo, el caso exhibe fallas sistémicas: en 2003, la ausencia de protocolos de búsqueda para adultos y la hipótesis de una marcha voluntaria ralentizaron todo; en 2019, la identificación genética no llegó a la familia hasta 2022. Que un nuevo mando revisara expedientes pendientes fue el chispazo que conectó unos huesos “anónimos” con un cartel de desaparecida en Madrid. La hemeroteca ayuda a entender por qué la familia sintió durante años que no la escuchaban.
Hoy el nombre de Juana Canal ya no cuelga de las farolas: está en una sentencia. La cronología es áspera pero clara: discusión en el piso, muerte violenta, ocultación en Ávila, ADN, confesión parcial y condena. Lo que el tiempo quiso callar, la tierra lo devolvió. Y lo que la montaña de papeles no resolvió a tiempo, lo cerraron dos excursionistas y una unidad que decidió mirar otra vez.
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