Leticia Rosino (Castrogonzalo, Zamora — 2018): un paseo de tarde, un menor en la sombra y una condena que reabrió el debate sobre la ley

Salió a caminar como siempre, por el camino rural que une Benavente con Castrogonzalo. Era 3 de mayo de 2018, hacía luz de primavera, y Leticia Rosino Andrés, 32 años, no sospechaba que el trayecto corto de cada tarde iba a quebrarse para siempre. Al no volver, su pareja y la familia avisaron de inmediato a la Guardia Civil. Esa noche se organizaron batidas; al amanecer, el rumor en la comarca se volvió grito. El 4 de mayo hallaron su cuerpo en un paraje próximo a la A-6. Zamora se despertó con la noticia que nadie quería escuchar. 

La investigación avanzó a contrarreloj. Agentes, vecinos y voluntarios peinaron cunetas, tierras y fincas cercanas mientras llegaban los primeros indicios forenses. En cuestión de horas, el foco se centró en un joven de 16 años del propio municipio. Primero intentó desviar la atención acusando a su padre y, según informó la prensa, incluso participó en la búsqueda. El juzgado ordenó su internamiento cautelar en un centro de menores mientras llegaban los resultados de autopsia y ADN. 

Las primeras conclusiones médico-forenses fueron confusas —algún parte inicial no apreció agresión sexual—, pero la instrucción consolidó un relato de violencia extrema. Meses después, ya en sede judicial, el menor admitió los hechos: abordó a Leticia cuando paseaba, la agredió sexualmente y la mató. La Fiscalía y la acusación particular pidieron la pena máxima prevista en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. 

El juicio se celebró en el Juzgado de Menores de Zamora a finales de noviembre de 2018, en medio de una conmoción social palpable (la llegada del acusado al juzgado fue recibida con gritos de “no es un menor, es un asesino”). Testigos, investigadores y forenses detallaron el ataque y el escenario del hallazgo. Días después, llegó la sentencia. 

El 13 de diciembre de 2018, el tribunal impuso la medida máxima: ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco años de libertad vigilada, por asesinato y agresión sexual. La resolución recogió también prohibiciones de aproximación a poblaciones de la familia y una indemnización civil (230.000 €) para los allegados de Leticia. Era, en términos legales, lo máximo que cabía contra un menor en España. 

El contraste entre la brutalidad de los hechos y el límite punitivo encendió un debate nacional. La familia —con Inmaculada Andrés, madre de Leticia, al frente— convirtió el dolor en activismo: nació la Fundación Leticia Rosino, que desde entonces impulsa cambios legislativos para endurecer la respuesta penal ante crímenes especialmente graves cometidos por menores. Sus declaraciones, años después de la condena, mantuvieron el tema en agenda: “mi hija no volverá y él saldrá”; “esto no puede repetirse”. 

Hubo otro aprendizaje, menos visible pero igual de importante: la vulnerabilidad de los trayectos cotidianos. Leticia no se adentró en un lugar remoto ni cambió sus hábitos: caminó por una vía rural conocida, a plena tarde. A partir de su caso, varias asociaciones locales reforzaron campañas de autoprotección, mejoras de iluminación y vigilancia en zonas de tránsito peatonal entre municipios limítrofes, especialmente donde las cunetas y terraplenes aíslan la vista. (La causa judicial no atribuye responsabilidad a la infraestructura: el agresor fue quien decidió).

El expediente penal no dejó cabos procesales: autor identificado, confesión, sentencia firme y medidas accesorias. Pero el vacío que abrió en Benavente y Castrogonzalo no se cerró con el papel. Cada aniversario se depositan flores en el paraje del hallazgo y se encienden velas en recuerdo de una mujer que solo salió a por aire y rutina. 

En términos técnicos, el caso se cita a menudo en foros jurídicos como ejemplo de aplicación límites de la LORPM en supuestos de violencia sexual seguida de homicidio, y de cómo la rapidez investigativa y la coordinación entre guardia civil, policía judicial y juzgado de menores puede conducir a una resolución penal en menos de un año desde los hechos. (Lección operativa: preservar escena abierta en entorno periurbano con presión vecinal y mediática). 

Leticia tenía 32 años. Trabajaba, reía, hacía planes. No buscó el peligro; el peligro la encontró. La justicia agotó sus márgenes; el duelo, no. Lo demás es el eco de una frase que se repite en Zamora desde 2018:

 “A veces el mal no avisa. Solo espera en el camino.”