Crimen de los Marqueses de Urquijo: qué pasó en Somosaguas, la condena a Rafael Escobedo y las dudas que aún persisten

Aquella madrugada de verano, en Somosaguas, el silencio parecía tener dueño. La casa del Camino Viejo, 27 —un lugar acostumbrado a la discreción de la alta sociedad madrileña— se convirtió, de golpe, en el escenario de un final irreversible que nadie supo detener. El 1 de agosto de 1980, Manuel de la Sierra y Torres y María Lourdes (también citada como María Luisa en algunas crónicas de época) de Urquijo y Morenés perdieron la vida dentro de su hogar, mientras dormían, y el país entero sintió que una puerta se abría hacia algo más oscuro que el simple escándalo. 

Manuel era consejero del Banco Urquijo en representación de la familia, y su apellido arrastraba un peso histórico que, para bien o para mal, siempre llama la atención cuando ocurre una desgracia. Lourdes, su esposa, formaba parte de ese mismo mundo donde las apariencias suelen proteger, hasta que dejan de hacerlo. Lo que vino después no solo golpeó a un matrimonio: partió en dos la vida de sus hijos y marcó a una sociedad que, en plena Transición, empezaba a descubrir cuánto podía crecer la curiosidad cuando una tragedia ocurre “donde no debería”. 

La noche anterior, según reconstrucciones posteriores, cenaron solos y se acostaron en habitaciones separadas. En la vivienda había personal de servicio, y el entorno contaba con vigilancia compartida entre varios chalés de la zona. A primera hora de la mañana, la normalidad se rompió cuando quienes trabajaban allí notaron algo impropio: cristales rotos, señales de intrusión, y una ausencia inquietante donde debería haber rutina. Entonces llegó la llamada que nadie quiere hacer, y con ella, el inicio de un caso que ya no soltaría a esa familia durante décadas. 

Los primeros en moverse fueron empleados y personal de seguridad, y después la Policía. La escena mostraba un acceso forzado y, con el paso de las horas, fue perdiendo fuerza una hipótesis común en estos casos: el robo. No faltaban objetos de valor, y eso empujó a mirar en otra dirección: la del entorno, los vínculos, las tensiones invisibles que a veces conviven con la cortesía y las sonrisas. En crímenes domésticos, lo que no se llevaron puede ser tan revelador como lo que tocaron. 

Se habló de un ataque planificado y de un modo de actuar que, según peritajes difundidos en prensa, parecía frío y calculado. También se habló de fallos y rarezas: alarmas anuladas, detalles que no encajaban, piezas que parecían cambiar de sitio con el paso del tiempo. Y cuando un caso crece con demasiada atención mediática, lo que debería ser lineal se vuelve confuso: cada gesto se interpreta, cada silencio se amplifica, y las víctimas —en lugar de descansar— quedan atrapadas en una conversación pública interminable. 

En los días posteriores, el foco se movió como una linterna nerviosa: de los empleados a los círculos cercanos, de las visitas habituales a las relaciones familiares. Se investigó el entorno más próximo, y con ello comenzó una de las partes más dolorosas para quienes quedan: cuando el duelo todavía no ha terminado de caer, ya hay preguntas que suenan a sospecha. Para los hijos de los marqueses, la tragedia no fue solo perder a sus padres: fue asistir a cómo el mundo examinaba su vida privada como si fuera una prueba más. 

En ese tablero apareció un nombre que acabaría convirtiéndose en el centro judicial del caso: Rafael Escobedo Alday, exyerno del matrimonio. Años después, distintas reconstrucciones mediáticas recordaron que el matrimonio con Myriam de la Sierra se había deteriorado y que la relación estaba rota cuando ocurrió la tragedia. Pero una ruptura no explica un horror; solo es un contexto, un dato más dentro de una historia donde lo decisivo fue la investigación, la prueba y la sentencia, no los rumores. 

El 8 de abril de 1981, Escobedo fue detenido tras hallarse indicios balísticos que, según se difundió, apuntaban a una coincidencia con casquillos encontrados en una propiedad de su familia. Hubo confesión inicial, y después una negación durante el juicio, con alegaciones de presiones y un relato cambiante que alimentó, durante años, la sensación pública de que algo quedaba sin cerrar. En un caso así, cada contradicción se convierte en gasolina: para la prensa, para las teorías, y para el dolor de quienes solo querían respuestas limpias. 

La sentencia llegó en julio de 1983: 53 años de reclusión, dos penas que sumaban ese total, y una indemnización fijada para los hijos del matrimonio. En los titulares quedó también una frase que nunca se fue del imaginario colectivo: la posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido “solo o en compañía de otros”, un matiz que, sin afirmar nada por sí mismo, dejó un espacio enorme para la duda social. La justicia habló, pero no logró apagar todas las preguntas que ardían alrededor. 

En mayo de 1984, el Tribunal Supremo confirmó la condena, detallando elementos del fallo y dejando claro el marco legal de cumplimiento máximo entonces vigente. Aun así, incluso con la sentencia confirmada, la historia siguió respirando por debajo: por las pruebas discutidas, por las piezas perdidas, por las versiones enfrentadas y por el ruido de un caso que creció demasiado rápido para la serenidad que exige la verdad. 

Tras la condena se abrió el llamado “segundo sumario”, que colocó en primer plano a dos amigos de Escobedo: Javier Anastasio de Espona y Mauricio López-Roberts, marqués de Torrehermosa. Según se recogió en crónicas judiciales, Anastasio fue detenido en octubre de 1983 y se investigó su posible participación, incluyendo el señalamiento de que habría trasladado a Escobedo y se habría deshecho de objetos relacionados con la noche del crimen; también se habló del arma arrojada al pantano de San Juan, que nunca apareció pese a rastreos. 

Pero esa vía también quedó marcada por un giro que, en sí mismo, ya es parte del escalofrío: Anastasio obtuvo la libertad provisional y huyó de España en vísperas del juicio previsto para enero de 1988. Años más tarde, se conoció que la causa quedó sin recorrido contra él por prescripción y retirada de cargos, lo que le permitió volver sin temor a ser encarcelado. Para la familia, para la opinión pública, para cualquiera que busca un cierre, esa palabra —prescripción— sonó más a vacío que a final. 

En paralelo, Mauricio López-Roberts terminó condenado en 1990 a diez años por encubrimiento, según se publicó, por ayudar a Anastasio y no denunciar lo que habría sabido, incluyendo el préstamo de dinero para facilitar una salida. Murió en 2014, y su fallecimiento volvió a mover el caso en la memoria colectiva, como si el tiempo, lejos de enterrarlo, lo reactivara cada cierto número de años. Porque hay historias que no se apagan: solo cambian de forma. 

Mientras todo eso ocurría, Myriam y Juan de la Sierra Urquijo cargaron con algo que no figura en los autos: el peso de ser “los hijos de”. Décadas después, esa herida seguía viva, y en 2024 volvió a la actualidad por una decisión judicial que atendió el dolor de fondo: la prohibición de seguir reproduciendo imágenes extremadamente íntimas de sus padres en el dormitorio, dentro de productos audiovisuales recientes, una batalla legal que Myriam impulsó para proteger la memoria familiar. Juan, que falleció en 2022, no llegó a ver ese punto de reparación. 

Cada vez que el caso reaparece —por un aniversario, por un programa, por una casa puesta a la venta, por una entrevista tardía— se confirma lo mismo: el crimen de los marqueses de Urquijo no fue solo una tragedia de 1980, sino una onda expansiva que siguió golpeando durante generaciones. Incluso en 2025, la vivienda volvía a ser noticia y el relato mediático insistía en el magnetismo del lugar, como si las paredes guardaran una respuesta que nadie pudo arrancar por completo. 

Y aun así, lo más importante no es el misterio, sino lo que deja en quienes sobreviven: familias que quedan partidas, duelos que se complican cuando se mezclan con exposición pública, y señales de alerta que a veces se ignoran hasta que ya es tarde. Cuando en una familia hay escaladas de conflicto, obsesión por el control, discusiones que se vuelven imprevisibles, amenazas veladas o miedo cotidiano, no hay “prestigio” que lo haga menos serio. Pedir ayuda a tiempo no es exagerar: es proteger la vida.

Si tú o alguien cercano siente que la situación en casa se está volviendo peligrosa, prioriza salir de ahí y llamar al 112. Y si lo que te pesa es una crisis emocional intensa, en España existe la Línea 024 de atención a la conducta suicida. A veces la prevención empieza con una frase sencilla dicha a la persona correcta. Porque detrás de cada titular hubo una vida real —y detrás de esa vida, una familia que nunca vuelve a ser la misma.