En Murcia, la confianza suele tener forma de bata, de luz blanca y de puertas que se cierran con un clic suave antes de que empiece una intervención. Por eso, cuando una historia estalla dentro de un quirófano, no se rompe solo una norma: se quiebra la idea de que hay lugares donde el daño no puede pasar. Diciembre de 2025 dejó a muchas personas mirando de reojo ese pasillo que parecía seguro, intentando comprender cómo la intimidad de una paciente pudo transformarse en miedo y en silencio.
El escenario fue el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, en la ciudad de Murcia, un centro que —según la propia compañía— lleva abierto poco más de un año y donde, como ocurre en parte de la cirugía estética, profesionales externos pueden alquilar un quirófano para operar a pacientes de su consulta privada. Esa normalidad logística, rutinaria para el sector, es la que vuelve más inquietante lo sucedido: nada parecía fuera de lugar… hasta que lo estuvo.
Los hechos investigados se sitúan el jueves 4 de diciembre de 2025. La paciente había contratado una cirugía mamaria (aumento de pecho, según varios medios) y entró en quirófano con esa mezcla común de nervios y esperanza: confiar en un profesional, imaginar un cambio, pensar en el después. Lo que no podía imaginar es que, mientras el cuerpo se rinde a la anestesia, la vulnerabilidad se vuelve absoluta.
Dentro del quirófano no estaba sola: participaban dos enfermeras del hospital, integrantes del equipo del centro, que asistían en la intervención. En un entorno donde cada gesto se supone medido, ellas detectaron lo que después describirían como un comportamiento anómalo del cirujano: movimientos que, según las crónicas, les resultaron compatibles con un posible ataque de carácter sexual. Ese instante, el de la sospecha, es una frontera moral: la mente busca explicaciones, pero el instinto insiste.
Tomaron una decisión que no es fácil ni cómoda: grabar con el móvil lo que estaban viendo. No por espectáculo, sino por necesidad de prueba, por la intuición amarga de que, si nadie deja constancia, luego la realidad se deshace entre versiones. Después, pusieron los hechos en conocimiento de la dirección del hospital y se activó el aviso a las autoridades. En historias como esta, el valor suele tener la forma discreta de quien hace lo correcto aunque le tiemblen las manos.
El propio hospital recalcó públicamente un punto clave: el médico investigado no formaba parte de su plantilla, sino que era un profesional externo que había alquilado el quirófano para operar a una paciente de su consulta. También señaló su apoyo a las sanitarias y la colaboración con la Justicia, además de estudiar personarse en la causa. Esa precisión institucional busca delimitar responsabilidades, pero no borra la pregunta de fondo: ¿cómo se protege a una paciente cuando el riesgo aparece dentro del espacio más controlado?
La dimensión más dura es la de la víctima. Según las informaciones publicadas, la mujer no habría sido consciente de lo ocurrido en el momento por estar bajo los efectos de la anestesia; posteriormente, al ser informada, presentó denuncia. Hay un tipo de trauma especialmente difícil de procesar: el que llega después, cuando el cuerpo no recuerda, pero el corazón entiende que algo le fue arrebatado mientras no podía defenderse.
La investigación quedó en manos de la Policía Nacional, y varias fuentes periodísticas señalan que el cirujano fue detenido en Alicante, donde tendría actividad profesional. En esta fase, los detalles finos se manejan con cautela —la propia Policía declinó ampliar información en algunos reportes—, pero la secuencia principal es consistente: denuncia, diligencias, detención y paso a disposición judicial.
En el plano judicial, la noticia que marcó el caso fue el ingreso en prisión provisional decretado por un juzgado de Molina de Segura (Región de Murcia), según informaciones coincidentes. La prisión provisional no es una sentencia: es una medida cautelar mientras se investiga, pero suele aplicarse cuando el juez aprecia riesgos como fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Para la víctima, sin embargo, el tiempo judicial se siente distinto: cada día pesa como si el reloj caminara sobre su herida.
Aquí aparece el nombre que ha circulado en la conversación pública: David González Sosa. Algunos medios lo identifican así, mientras que otros mantienen el anonimato del investigado. Lo responsable, en este punto, es separar el ruido de las certezas: lo que está acreditado en fuentes solventes es que existe un cirujano detenido e investigado por un presunto delito de violencia sexual en un quirófano de Murcia; y que el proceso sigue abierto, a la espera de lo que determinen las diligencias y, en su caso, un juicio.
Más allá del nombre, lo que estremece es el lugar: un quirófano. No es una calle sin luz ni un rincón sin cámaras; es el símbolo de la ciencia y del cuidado, el punto donde una persona se entrega a manos ajenas porque no puede estar despierta. Por eso, cuando se investiga una agresión en ese contexto, el impacto se expande: toca a otras pacientes, a profesionales honestos, a familias que ahora preguntan si “esto puede pasarle a cualquiera”.
También deja sobre la mesa una conversación necesaria sobre protocolos y supervisión. En cirugía hay equipos, roles, registros, tiempos; y aun así, la vulnerabilidad de quien está anestesiada es total. Este caso —por su sola existencia— obliga a revisar cómo se controla el acceso de profesionales externos, qué mecanismos de vigilancia y acompañamiento existen, y cómo se garantiza que cualquier señal anómala se detenga en el acto, sin dudas ni demoras.
Para el personal sanitario, lo sucedido también tiene un coste emocional. Las dos enfermeras que dieron la voz de alarma no solo “cumplieron”: cargaron con el peso de presenciar algo que no debería ocurrir nunca, y con el temor de las consecuencias. Aun así, eligieron proteger a la paciente. Ese gesto —silencioso y firme— es una de las pocas luces claras en una historia que oscurece la confianza colectiva.
Si algo así se sospecha o se vive, es importante recordar que no hace falta atravesarlo en soledad. En una emergencia, se debe llamar al 112, el número europeo de emergencias. Y para denunciar un delito o pedir ayuda policial, se puede contactar con 091 o acudir a dependencias policiales; la Policía Nacional también explica vías para formalizar denuncias y qué hacer tras un hecho delictivo. Pedir ayuda rápido no “complica”: puede proteger pruebas, salud y seguridad.
Para apoyo e información especializada ante violencia contra las mujeres —incluida la violencia sexual— existe el 016, que no deja rastro en la factura telefónica, y cuenta además con WhatsApp 600 000 016, chat online, correo y opciones de accesibilidad. Son recursos pensados para orientar, acompañar y abrir puertas, incluso cuando todavía cuesta ponerle palabras a lo que pasó.
Y, al final, queda una idea que no debería perderse entre titulares: la víctima no es “un caso”, es una persona que entró buscando atención médica y salió con una herida invisible que nadie merece. Contar esta historia con respeto es recordarlo, y también reconocer el valor de quienes actuaron para que el silencio no se tragara lo ocurrido. Porque si algo enseña diciembre de 2025 en Murcia es esto: la humanidad puede fallar en el peor lugar, pero también puede aparecer —a tiempo— en el gesto de quien decide no mirar hacia otro lado.
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