En la provincia de Valencia, hay noticias que no se leen: se sienten. El 20 de noviembre de 2025, una niña de seis años perdió la vida después de haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada de Alzira, un suceso que dejó a su familia suspendida en un dolor imposible y a muchas otras madres y padres haciendo la misma pregunta, en voz baja: “¿Cómo puede pasar algo así en una consulta?”.
La intervención, según la reconstrucción publicada en medios, no era una cirugía compleja: se trataba de un tratamiento dental con extracciones de dientes de leche y empastes, realizado con sedación por vía intravenosa. Precisamente por eso el golpe fue doble: porque la familia acudió buscando cuidado, y porque lo cotidiano —una visita al dentista— se convirtió en una historia de urgencias, sirenas y un final irreversible.
Aquella tarde, la niña llegó a Urgencias del Hospital de La Ribera en una situación crítica. El parte horario que se ha difundido señala que ingresó a las 16:52 en parada cardiorrespiratoria, y pese a los intentos de reanimación, el equipo sanitario no pudo revertirlo. Cuando una familia escucha esas palabras, el tiempo deja de ser “hora y minutos”: pasa a ser un antes y un después.
Un detalle especialmente duro apareció en los relatos recogidos por la prensa: los padres explicaron que la niña habría permanecido unas cuatro horas en observación en la clínica porque “no se recuperaba bien” de la sedación, y aun así fue dada de alta. Ya en casa, tras un momento en el que pareció mejorar, su estado se agravó de forma repentina, y fue entonces cuando la trasladaron al hospital. Para una familia, esa cadena de decisiones se convierte en un túnel de preguntas que no dejan dormir.
Ese mismo día, y esto fue clave para dimensionar la alarma, otra menor también terminó en el hospital. Una niña de cuatro años acudió a urgencias a las 15:11 con fiebre, vómitos y somnolencia tras haber sido atendida en la misma clínica, y fue trasladada a la UCI pediátrica del Hospital Clínico de València. La coincidencia temporal no prueba por sí sola una causa, pero sí explica por qué la investigación se movió con rapidez.
Con el paso de los días, la evolución de esa segunda menor trajo un mínimo respiro dentro de un panorama sombrío: las autoridades sanitarias informaron de que salió de la UCI y pasó a planta, y posteriormente recibió el alta. Aun así, el impacto social ya estaba hecho: porque cuando la salud de niñas pequeñas se ve comprometida tras un procedimiento ambulatorio, la confianza pública tiembla.
Mientras la familia trataba de sostenerse, la mirada institucional se centró en un punto concreto: la autorización sanitaria del centro. La Conselleria de Sanidad confirmó que la clínica estaba autorizada como clínica dental para odontología-estomatología —lo que incluye anestesia local—, pero no tenía autorización para realizar sedación intravenosa. Ese matiz técnico, de apariencia burocrática, fue lo que convirtió el caso en un asunto de enorme gravedad administrativa y sanitaria.
Sanidad abrió un expediente informativo y ordenó la suspensión cautelar de la actividad del centro. A la vez, un juzgado de Alzira abrió diligencias previas para esclarecer lo ocurrido, y la Policía Nacional trasladó las diligencias al grupo especializado mientras se esperaban informes clínicos, analíticas y el resultado de la autopsia. En este tipo de casos, la verdad no suele salir de un solo documento: se reconstruye pieza a pieza.
En paralelo, el debate público se llenó de versiones. La propietaria del centro, según declaraciones recogidas en prensa, sostuvo que la niña salió “aparentemente bien” y que se investigaba incluso el lote del fármaco utilizado. Son frases que, por sí mismas, no cierran nada: solo muestran lo temprano que era el momento de la investigación, cuando todavía se intenta entender qué falló y dónde.
El caso dio un giro el 3 de diciembre, cuando la Policía Nacional detuvo al anestesista que habría realizado la sedación y, horas después, también a la propietaria de la clínica. Según la información publicada, al especialista se le atribuyeron inicialmente delitos vinculados a una posible imprudencia profesional, además de otros relacionados con la gestión de fármacos, y a la responsable del centro, presuntas responsabilidades por omisión del deber de socorro y contra la salud pública.
Al día siguiente, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Alzira acordó la libertad con medidas cautelares para el anestesista: retirada de pasaporte, obligación de comparecer periódicamente y prohibición de salir del territorio nacional. La resolución, según se difundió, razonaba que en ese momento inicial aún faltaban elementos esenciales (historia clínica, analíticas y resultados periciales) para atribuir la causa del fallecimiento de forma exclusiva a una imprudencia del investigado.
La investigación, además, se amplió con una información inquietante: se comunicó que otra niña, de cinco años, habría sufrido trastornos tras una anestesia administrada por el mismo especialista en una clínica de Paterna, un día antes de lo ocurrido en Alzira. Este tipo de dato no convierte automáticamente los hechos en una sola causa, pero sí refuerza por qué los investigadores suelen revisar antecedentes recientes y patrones de actuación.
En medio del ruido, el sector profesional también salió a hablar con un tono poco habitual: más humano que corporativo. El Consejo General de Dentistas de España pidió prudencia, expresó condolencias y recordó recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesiología: antes de cualquier sedación, preguntar quién la realiza y verificar que sea un médico especialista. También subrayó que la sedación endovenosa es una técnica habitual y generalmente segura cuando se hace en las condiciones adecuadas, aunque nunca está exenta de riesgos.
Esa frase —“cuando se hace en condiciones adecuadas”— es, en el fondo, el corazón del caso. Porque la seguridad no depende solo de un fármaco, sino de un ecosistema completo: autorización del centro para técnicas avanzadas, protocolo de monitorización, material de emergencia, personal entrenado, tiempos de observación y criterios estrictos de alta. En España, además, se ha señalado que la regulación y los requisitos pueden variar por comunidades, lo que alimenta confusión y exige aún más claridad para las familias.
La parte más dolorosa, sin embargo, no está en los expedientes: está en lo que esa familia ya no recupera. En cómo se explica a unos abuelos que su nieta no vuelve. En la silla vacía, en las fiestas que llegan con un hueco, en el recuerdo de una mañana que parecía normal y terminó convertida en duelo. Hablar de esto con respeto es sostener el nombre invisible de la víctima: una niña que merecía salir de la consulta y volver a casa.
Si esta historia deja una lección útil —sin culpar a las familias, sin sembrar pánico— es la importancia de hacer preguntas antes de una sedación: quién la administrará, qué acreditación tiene, qué tipo de sedación es, qué monitorización se usará, cuánto tiempo de observación habrá y qué señales obligan a volver a urgencias. Y si tras un procedimiento un menor presenta somnolencia extrema, respiración dificultosa, vómitos persistentes o empeoramiento súbito, no hay que “esperar a ver”: en España, la vía más rápida es 112.
Y mientras la justicia determina responsabilidades, conviene recordar algo que a veces se olvida: exigir seguridad sanitaria no es desconfiar de la medicina; es proteger lo más valioso. Alzira se convirtió en el epicentro de una conversación nacional porque nadie quiere que el cuidado se parezca al miedo. Y porque, cuando una niña pierde la vida tras una atención que debía ser segura, el país entero entiende que no se trata de una noticia más: se trata de una alarma que merece respuestas completas.
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